Una Política Educacional de Consenso para la próxima década

Ernesto Tironi:

Una Política Educacional de Consenso para la próxima década.

En nuestra carta hemos planteado  que  “en el último cuarto de siglo Chile ha tenido un  desarrollo exitoso que lo ha llevado a liderar la región en  crecimiento económico, salud, educación  y superación de la pobreza. Hoy percibimos que, en lugar de seguir avanzando,  lo conseguido está en riesgo de perderse por diagnósticos errados y un mal diseño de políticas públicas”. Además, que “Para enfrentar este problema se requiere de una profunda corrección”.
Este planteamiento ha  tenido una adhesión que a nosotros mismos nos sorprende,   y que nos tiene aquí intentando comprenderla y encauzarla.
¿De qué manera se está dando eso en  el caso de la educación?
¿Qué correcciones hacer a partir de lo ya hecho por este gobierno en educación escolar y en educación superior?
Estas son dos de las preguntas centrales que les invitamos a pensar y debatir hoy,  y para las cuales  ofrecemos  algunas respuestas y antecedentes que los fundamentan.
Aquí me voy a centrar en educación escolar, dejando los principales temas de educación superior  a Hugo Lavados.
Los diagnósticos errados de este gobierno sobre cuáles han  sido los problemas principales de la educación escolar chilena serían tres:

  1. – Que la selección de alumnos  realizada  por los establecimientos particulares subvencionados era lo que hacía  que los mejores estudiantes  tendieran a concentrarse  en ellos, dejando por eso a los colegios municipales con cada vez menos matrícula.

2.-  Que el financiamiento compartido o copago que realizaban los apoderados  (que complementaba el ingreso estatal  de los particulares subvencionados), contribuía   a  la selección de alumnos, “falta de inclusión” e inequidad del sistema,    y
3.- Que el lucro;  es decir,  la obtención de utilidades por parte de los dueños o sostenedores de colegios subvencionados,  significaba reducir los fondos que se dedicaban a los colegios o la educación propiamente tal.
Un grupo grande de especialistas en educación, especialmente DCs, como la ex ministra (y profesora) Mariana Aylwin, pero que también incluye a otro ex ministro de la Concertación como el PPD José Joaquin Brunner,   han sostenido en cambio que los principales problemas que limitan la calidad de la educación escolar hoy son principalmente:
1.- La insuficiente  capacidad de los profesores y profesoras para realizar buenas clases a sus estudiantes dentro de sus salas de clases. Por eso ellos no logran   que los alumnos   aprendan todas las materias que deben para enfrentar los desafíos del siglo 21. Un reciente estudio de la OECD revela que  en Chile en 2012 “más de 52% de los estudiantes en matemáticas y 33% en lectura no alcanzaron  el nivel de conocimientos  básicos que se requieren para participar en la sociedad moderna; el doble que el promedio de los países de la OECD”. (Brunner, El Mercurio 12-3-6).  Y esto ocurre  especialmente en las escuelas  municipales.
2.- La mala formación de los profesores que conduce a la poca eficacia recién señalada, ocurre porque ingresan a estudiar pedagogía  personas  poco calificadas, por los bajos sueldos, las pocas perspectivas de  progreso  que ofrece esta profesión y por  las deficiencias de las universidades que los forman.   Y
3.- La baja calidad de la educación escolar se genera por la permanencia,  sin mejorar  ni cerrarse,  de escuelas de baja calidad, con malos resultados, mal dirigidas o gestionadas. Este fenómeno se da tanto entre escuelas municipales como particulares subvencionadas, y afecta  a menudo  a localidades rurales.
Me abstendré, con dificultad y muy deliberadamente,  de dar mi interpretación de por qué prevaleció el primer diagnóstico y no el segundo. Me limitaré a recordar que fue una decisión eminentemente política y poco técnica. Aquí no se invitó a formar ninguna comisión de especialistas para debatir y proponer un camino. Predominaron por lo tanto algunos grupos de interés y sus organizaciones: estudiantiles, sindicales, de profesores y de parlamentarios.
Pero no lloremos sobre la leche derramada…
El hecho es que en enero del 2015 se promulgó la última Ley de Reforma de la Educación Escolar, que está en medio de su implementación.
¿Qué hacer ahora?
¿Esperar  un próximo gobierno para “anular” la reforma hecha?
Por ningún motivo.  No es ese el espíritu que anima a quienes hemos firmado la Carta de Enero. Lo hemos dicho insistentemente: no diferimos de los objetivos de equidad, justicia social y de  igualación de oportunidades que inspiran a este gobierno. Es con sus diagnósticos, políticas y prácticas  operativas que discrepamos.
Además no creemos en las visiones ideologizadas, rupturistas y  globalizantes a las que algunos  parecen haber regresado. Tampoco nos creemos dueños de la verdad, ni de que nosotros solos sabemos qué se debe hacer en todo. Creemos en el estudio serio, el  trabajo en equipo y en la búsqueda de consensos. Especialmente en educación. Ya se han presentado demasiados  programas como “panaceas”  o soluciones fáciles que,  al final,  al no dar los resultados esperados,    lo  que más han dejado es  desconfianza y  cinismo tanto entre los directivos como, especialmente, entre los  docentes en las escuelas.
Para decidir en qué poner el foco a futuro necesitamos entender mejor qué  “está en riesgo de perderse” con la Reforma ya hecha y por qué motivo.
Lo primero en  riesgo. es lo que veníamos progresando (aunque fuera lento) en aprendizaje escolar.  La  semana pasada  el diario La Tercera (11-3-6) publicó  la noticia de un nuevo estudio, esta vez de la Universidad de Connecticut, EEUU, en que Chile figura en el primer lugar en América Latina en alfabetismo,  medido a través de 15 variables relevante: En el lugar  37 de 60 países. Superamos a México, Argentina y Brasil.
Si  no logramos corregir o administrar muy bien esta reforma, me temo que en 10 años más la noticia será: “Argentina desplaza a Chile del primer lugar  en alfabetismo en AL”.
¿Por qué ocurriría eso?  Uno, debido a que con la reforma de carácter estatista  que se escogió,  es posible que la mayoría de las escuelas en Chile a futuro se parezcan más a las  municipales, de las cuales los apoderados han buscado sacar a sus hijos e hijas, antes que a las mejores subvencionadas  de cada comuna. Veremos, probablemente, que habrá más  falta de disciplina e inseguridad en los establecimientos. Y  burocracia y  luchas de poder político en la gestión, que es precisamente lo que ha debilitado a  muchas escuelas municipales. Autoridades educacionales nombradas por razones políticas y no técnicas;   poca autoridad de los Directores,   que conduce a  ausentismo y licencias excesivas de profesores,   poca motivación y, al final, nadie a cargo de corregir y mejorar.
Segundo motivo de preocupación, es que los énfasis de la política educacional de este gobierno no ha estado en fortalecer principalmente las instituciones orientadas a mejorar la calidad de las escuelas a través de la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación recién formadas.  La Agencia estaría entrando en funciones recién este año, 5 después de promulgada la ley que y 10 después de ser propuesto por el Consejo Asesor formado por la Bachelet en 2006. A este Gobierno le interesa más que no se tomen tantos Simce, como propone el Colegio de Profesores y como contemplaba el Programa Presidencial de MEO. Sí le interesará  controlar que no vaya a haber selección, lucro o contrataciones con empresas asesoras relacionadas. Y pasar multas muy elevadas y publicitadas por eso.
En tercer gran riesgo de esta reforma es que la centralización de las escuelas en nuevas entidades dependientes del Ministerio de Educación y no de las Municipalidades o de entidades independientes, puede llevar  a que a futuro haya negociaciones colectivas del sueldo de los profesores a nivel de todo el territorio nacional, comandado por el Colegio de Profesores.  Las huelgas del Registro Civil y de la Dirección de Aeronáutica del 2015 serán una pequeñez al lado de las que podemos ver a futuro por parte de los profesores.  Podríamos llegar a  tener  huelgas nacionales  al inicio de cada año escolar, como ha ocurrido en Argentina los últimos 15 años. Con razón superamos a ese país en resultados de la prueba PISA,  si por ese motivo ellos comienzan clases habitualmente con dos a tres semanas de retraso cada año en la mayoría de sus provincias.
Y finalmente, tenemos el factor de incertidumbre de cómo se van a dirigir y cómo resultará la orientación de los colegios traspasados desde los actuales sostenedores privados a las Corporaciones sin fines de lucro. La gente no se ha dado cuenta que la reforma implicó la expropiación de un tercio de los colegios de Chile. El próximo año tendrán otro dueño. ¿Quién mandará realmente?  ¿Cómo se va a elegir a los nuevos Directores de esas escuelas? ¿Irán cambiando paulatinamente su orientación, sus prioridades? ¿En qué dirección? ¿Será necesariamente para mejor?
Entonces propongo que  lo primero a realizar por una Política  de  Educación  Escolar para la próxima década, es mitigar los peligros que conlleva esta reforma  con su orientación tan estatista. Se deberá velar por una administración cuidadosa, técnica, orientada a dar un servicio de calidad. No una administración ideologizada, con visiones globalizantes. No basada en adhesiones a slogans que suenan bonitos, si no a lograr  resultados medidos  y  con  evidencia empírica. Esto requiere un gobierno también preocupado de escoger personal para la administración pública  en función de sus capacidades y no de sus orientaciones políticas. Un gobierno que crea y lleve a cabo una capacitación sistemática y de alto nivel de ese personal. Preocupado de la productividad  de los recursos.   Como hemos dicho en la Carta, necesitamos “un uso responsable y efectivo de los recursos públicos, haciendo de la eficiencia un objetivo permanente, mejorando y fortaleciendo las políticas focalizadas en los más pobres” (Pto. 6).  
Se requiere un gobierno que esté constantemente evaluando desempeños y corrigiendo programas. Ampliando los efectivos y cerrando los que no funcionan.  No hacer lo anterior lleva inevitablemente a tener un Estado grande, gordo e inefectivo. Necesitamos uno pequeño, pero musculoso y efectivo en movilizar lo mejor del sector privado y público para generar los servicios de la calidad que queremos.
Lo segundo que propondría para mejorar la calidad de la educación escolar,  es promover soluciones para las tres insuficiencias que este gobierno desestimó: el apoyo a los docentes para hacer mejores clases en sus aulas, capacitación específica en eso y mejorar su formación. También elevar el desempeño de escuelas con malos resultados o fusionarlas con otras de mejor nivel.  Hay demasiadas escuelas municipales rurales demasiado pequeñas  (con menos de 20 alumnos, y a veces con 7 o 12). No sólo son demasiado caras de mantener, sino que no pueden entregar la educación que esos niños necesitan para el mundo de hoy y de mañana. Deben reemplazarse por buses que los lleven a escuelas más grandes y transformar los locales que hoy tienen,  con Internet y facilidades deportivas,  en Centros Abiertos para toda la comunidad.
En tercer lugar, propongo que destinemos más  recursos a expandir y mejorar la Educación Parvularia   y  la Educación Técnica-Profesional, antes que destinarlos a dar gratuidad de acceso de los alumnos de familias ricas a algunas universidades.  Dejemos la gratuidad que ya se concedió para sólo el 50% más pobre. Y dupliquemos en el próximo quinquenio el número de parvularios en las poblaciones pobres. Hay evidencia contundente de que los niños y niñas que acceden a educación pre-escolar  resultan ser mejores estudiantes,  lo cual les permite después llegar a la educación superior  –  con todo lo que eso implica para cambiar su vida entera. Por algo la mayoría de  las familias del quintil más acomodado envían a sus hijos a un Jardín Infantil. En cambio, muy pocas de aquellas  del quintil más pobre, los pueden llevar. Estas son las desigualdades que habría que corregir primero. Mucho antes que la gratuidad universitaria. Esto,  además, en  circunstancias de que   los pobres necesitan más los Jardines Infantiles  por el bajo capital cultural de los padres y  que la disponibilidad de Jardines le puede  permitir  a la madre trabajar ,  beneficiando así a toda la familia.
Urge para esto formar parvularias mas competentes. Preparadas no solo para cuidar niños, sino dar apoyo socio-emocional a las madres y para desarrollar el lenguaje de los pequeños. Y construir Jardines, en lo cual NO se ha cumplido casi nada del Programa de Gobierno: 74% de los fondos asignados para este propósito en el Presupuesto Público del 2015 no se gastaron por parte de JUNJI. 130 millones de dolares no ejecutados…(El Mercurio, 12-3-6,pag.B8).
Pocos saben que el 45% de los egresados de cuarto medio en el sistema escolar chileno salen de un colegio técnico- profesional y no de uno humanista. Ellos tienen una baja  posibilidad de seguir a la universidad. Dichos egresados salen peor formados y con menos probabilidades de corregir eso con el acceso a una educación superior. Sus colegios reciben menos recursos, y tienen profesores con menos nivel profesional. Para peor, los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a los que pueden acceder (como DUOC, INACAP, AEIP, etc.) fueron excluidos de la gratuidad por el gobierno en una decisión incomprensible.
Si se quiere igualar oportunidades y favorecer a los más pobres urge corregir la discriminación que sufren los estudiantes del sector técnico profesional,  tanto a nivel escolar como superior.
Y hay que formarlos para el mundo globalizado del Siglo 21. En lo técnico y también en los valores necesarios: capaces de tener y de generar confianza, de valorar el trabajo con personas distintas, de respetar irrestrictamente al otro diferente, de cumplir siempre la palabra empeñada y de ser abierto a lo nuevo y a los demás.
Todo esto proponemos hacerlo buscando consensos con todos los grupos concernidos,  y en forma gradual y bien estudiada. Con todos significa no solo con el Sindicato o Colegio de Profesores y las Federaciones de Estudiantes Universitarios. También con los apoderados  y  los profesores no sindicalizados en sus escuelas.
Como concluíamos nuestra carta:
“Vemos con preocupación que se impone una tendencia que privilegia expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que enfrentan las personas”.
“No queremos un Estado centralizador,  que con sus políticas coarte el aporte privado, menos aún que se coarte la libertad de enseñanza o se limite la autonomía de las personas e instituciones. Queremos un Estado que promueve los derechos de las personas y respete su libertad, pero que también convoque a los ciudadanos a ser responsables en la construcción de un destino común”.
La democracia cristiana (DC) nació como una alternativa entre el socialismo estatista totalitario y el capitalismo egoísta e individualista que hoy rechazan amplios sectores de la sociedad nacional, especialmente los jóvenes.
Por eso la Democracia Cristiana necesita hacer oír su voz y corregir esta reforma. Usar como criterio rector de su acción lo que ha sido su norte en toda su historia: el encuentro de un equilibrio entre lo estatal y lo privado, entre mercado y estado, entre libertad y regulación, entre lo inmediato y lo gradual. La DC nunca se ha opuesto a hacer reformas, sino a los cambios extremos e infundados,  que tienen riesgos demasiado altos de no funcionar.  En el fondo se trata de hacer en el ámbito educacional una transición como la que lideró la DC y Patricio Aylwin para alcanzar la democracia y para pasar del neoliberalismo económico al desarrollo con equidad de la Concertación. Creemos que ese papel articulador y moderador  de la Democracia Cristiana últimamente se ha perdido, pero sigue teniendo hoy plena vigencia.  Es tiempo de recuperarlo por el bien de Chile.