Un llamado al diálogo sin descalificaciones

Al interior de la Democracia Cristiana compartimos principios y valores fundamentales. Nos moviliza el bien común y queremos lo mejor para Chile. Hemos elegido pertenecer a nuestro partido para las impulsar transformaciones que hagan posible dignificar la vida humana y hacer de nuestra patria una sociedad libre, justa y solidaria.  Hemos elegido también el camino más difícil, lejos de las soluciones simplistas, del populismo, de los fanatismos y de los extremos.  Ello explica en parte nuestras  diferencias internas. Por ello, requerimos un debate bien intencionado y sin descalificaciones. No son fáciles las decisiones políticas en una sociedad tan compleja como la actual, menos desde la posición en que se sitúa la Democracia Cristiana en la realidad política nacional.

Hacernos cargo del descontento

Desde esa mirada queremos hacer un aporte al debate: advirtiendo sobre los problemas que percibimos y proponiendo alternativas. Nuestra inquietud parte de constatar que, a pesar del carácter progresista del gobierno, el país está corriendo un serio riesgo de detener su progreso, frenar su desarrollo y fracasar en el objetivo de lograr mayor  inclusión e igualdad en los próximos años.  Nos preocupa así mismo que el gobierno de la Nueva Mayoría tenga un rechazo cercano al 70% y que la mayoría de los chilenos rechace hoy las mismas reformas  por las cuales votó.  Es un desprecio inmerecido a los chilenos considerar que aquello sea fruto de campañas conspirativas  o problemas de comunicación. Es nuestro deber asumir una responsabilidad, la evidencia muestra que la forma en que se han llevado a cabo las reformas, no están interpretando a un porcentaje importante de chilenos que confiaron en nosotros.

Acuerdo para un crecimiento económico inclusivo

Hemos sostenido que cualquier propuesta futura de políticas públicas requerirá poner el crecimiento económico como tema central de la agenda. No se trata de ser “economicistas” ni “neoliberales” El desarrollo económico no es un fin en sí mismo, es un medio indispensable para avanzar hacia hacer de Chile la comunidad que queremos, que reconoce a todos y a cada uno como hombres y mujeres libres y responsables, sujetos de derechos y deberes y protagonistas de su propio destino.  Eso es mucho más que ser ciudadanos iguales receptores de derechos garantizados por el Estado.  Este desarrollo implica una economía integrada, dónde cada uno haga su aporte y participe de los beneficios generados; dónde se combinen armónicamente lo público y lo privado, la eficiencia con la equidad, la competencia con la cooperación, y los incentivos con la inclusión.  Esto es posible en el marco de una economía social de mercado que es un vehículo para el crecimiento inclusivo.

Chile ha tenido un notable desarrollo económico en las últimas décadas, el PIB Per Cápita pasó de US$ 4.407 en 1990 a US$ 22.346, en 2014, de acuerdo a cifras del Banco Mundial. Pasó de ser un 18% del PIB per cápita de EEUU a un 41%, un incremento relativo muy importante y exclusivo en Latinoamérica. También la pobreza se redujo sustancialmente, entre 1987 y 2011 cae de 47.5% a 7.5%, de acuerdo a la antigua metodología. Ello permitió  que nuestro país  avanzara en educación, salud, infraestructura, reducción de la pobreza liderando en todos esos ámbitos en la región.  Sin embargo, la distribución del ingreso es aún muy desigual. En 1990 el Coeficiente de Gini era 0.573 y en 2013 0.505, de acuerdo a cifras de la OECD. Por lo cual, también se hace necesario diseñar e implementar políticas públicas efectivas que hagan de nuestro país una sociedad desarrollada e inclusiva.

Dada la complejidad de las reformas y la necesidad de proyectarlas al largo plazo, la Democracia Cristiana debe tomar la iniciativa para impulsar un acuerdo político y social, que refleje los valores que nuestro país aspira, que defina los principales lineamientos políticos y reconstruya las confianzas en la sociedad chilena.

Una agenda de reformas sociales efectivas que hagan de Chile una sociedad más justa tomará al menos 20 años. Con tasas de crecimiento del 2%, que será el promedio del gobierno de la Nueva Mayoría, difícilmente se podrán financiar las reformas que el país necesita, eso es progresismo sin progreso.  Una economía creciendo al 4.4% duplica el ingreso per cápita en 20 años, una economía creciendo al 2% se demora 63 años en duplicar el ingreso per cápita, más de 4 generaciones adicionales. Por eso poner el crecimiento como punto central en la agenda pública es hoy día esencial.

Para enfrentar esta compleja situación, la agenda pro crecimiento debe contemplar tres vectores principales: impulso a la inversión, a la generación de empleos y a la ganancia de productividad.  Esta agenda debe ser capaz de renovar las confianzas en el futuro de Chile y su economía, permitiendo superar el negativismo de algunos que rechazan el valor de todo lo logrado en el último cuarto de siglo, y el pesimismo de otros, que creen que el futuro necesariamente será cada vez más oscuro.  Solo así podremos generar un nuevo proceso de crecimiento auto sostenido, o regenerar el que tuvimos por la mayor parte de los últimos 25 años.

La inversión ha bajado no sólo por los menores precios del cobre y las condiciones externas, sino también  por la pérdida de confianza y la incertidumbre política. Respecto a las primeras variables no podemos hacer nada, pero las confianzas son recuperables y los pesimismos reversibles.  Es importante para ello dar señales sobre la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica  reforzando el compromiso con el balance fiscal estructural junto con favorecer la cooperación público-privada para llevar adelante concesiones en infraestructura; estimular y proteger el ahorro, con un sistema tributario justo, simple y efectivo, que persiga la evasión, pero que no castigue la inversión, factor clave para impulsar el crecimiento y aumentar la productividad y los salarios.

Una agenda para mejorar crecimiento  requiere para su éxito impulsar el empleo formal,  palanca poderosa para generar inclusión social. Ello implica una  reforma pro empleo que busque estimular la incorporación de la mujer permitiendo, el trabajo part-time y a distancia, y favoreciendo el desarrollo de centros de cuidado infantil y educación pre escolar.   Un incremento de la flexibilidad laboral desarrollando nuevas formas de contrato laboral no sujetas a altos costos de despido, pero con seguros portables, puede tener como resultado una baja importante en el desempleo y la informalidad laboral.  Hoy más de 1/3 de los ocupados no cotizan en el sistema previsional, agregando a los desocupados se llega a una tasa de casi 40% de la fuerza laboral sin o con pobre cobertura previsional, con empleos precarios y bajos ingresos. Por otro lado, toda la evidencia indica que la inversión en educación más rentable es aquella que se hace en edades tempranas, mejorar la educación pre-escolar es apuntar directamente a la igualdad de oportunidades, es ese el escenario más importante para jugarnos por un proyecto de justicia social.

Para que los salarios reales crezcan sostenidamente se requieren incrementos en la productividad. Ello requiere ampliar mecanismos de capacitación  incluyendo  la educación técnico profesional.  El aumento de la productividad es la piedra angular del crecimiento económico sostenido.  Mejorar  productividad incluye reforzar  reducción de costos y diversificación de la matriz energética. Por ello celebramos la política que en este ámbito está impulsando el gobierno. Pero no estamos haciendo similar esfuerzo en masificar la incorporación de tecnologías, ampliar la innovación, incrementar la competencia y eliminar distorsiones en los mercados de bienes y de factores.  Las mejoras de la eficiencia no pueden limitarse al sector privado.  Los servicios del Estado deben también mejorar su eficiencia y a la vez respetar los derechos de los usuarios.  Todo ello  impacta fundamentalmente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables, generando una doble razón para darle prioridad.

El fracaso de una agenda pro crecimiento podría significar que la desaceleración que nos afecta se profundice y que la economía entre en un estancamiento secular dándole así la razón a los profetas del fracaso.  Tan solo un 1% menos en la tasa de crecimiento anual promedio del PIB hace una gran diferencia para la calidad de vida de todos y para los servicios del Estado.  En solo 5 años perderíamos sobre 10 mil millones de dólares en tributación acumulada y, por tanto, en menor inversión social.  Por esto, ignorar el crecimiento  tiene serias consecuencias para el progreso del país y para el avance y protección de los derechos sociales que queremos fortalecer como país…

Políticas sociales bien diseñadas y bien implementadas.

Los democratacristianos apoyamos todas las reformas que apunten a disminuir las brechas sociales, mejorar la educación, la salud, la seguridad de las personas, el funcionamiento de nuestras instituciones y hacer de la política una función valorada por la ciudadanía. Nuestros reparos a las principales reformas que se han implementado apuntan en tres sentidos: 1) al carácter refundacional que han tenido ; 2) la improvisación y diagnósticos fundados en criterios ideológicos o intereses sectoriales más que en la realidad y en la búsqueda del bien común; 3) el evidente predominio de una tendencia estatista.

La “retroexcavadora” ha funcionado. Se ha legislado en reformas tan importantes como la tributaria, el fin al lucro, selección  y financiamiento compartido, la gratuidad en la educación superior,  los derechos sindicales, sin los estudios técnicos adecuados,  sin evaluación de sus impactos, sin una visión general del sector, sin el debate democrático necesario y con enorme premura.  Aspiramos a mejorar la educación y la salud, tanto la pública como la privada,  con políticas incrementales capaces de integrar los sistemas y con las regulaciones  adecuadas  que permitan. No sacamos nada con reformar la educación y la salud privada sin mejorar la salud y educación pública.  Tampoco con mejorar los derechos sindicales sin considerar sus efectos en las empresas medianas y pequeñas. Menos con soluciones simplistas para problemas complejos. No puede ser que cada ley requiera posteriormente de infinidad de decretos, cuando no, rehacerse.

La Democracia Cristiana tiene una tradición que nos honra de políticas responsables, bien diseñadas e implementadas sin improvisaciones ni espíritu refundacional. Nuestra tradición es de transformaciones consistentes, sostenidas, incrementales, construidas sobre la base de estudios objetivos y buscando los acuerdos más amplios posibles. Tampoco compartimos que la Democracia Cristiana se suba al caballo de los derechos sociales garantizados y provistos por el Estado, cuando el país aún tiene problemas de pobreza extrema, jóvenes desertores , educación inicial de baja cobertura y mala calidad , mujeres que no pueden ingresar al mercado laboral porque no tienen donde dejar a sus hijos. Hoy y siempre será necesario priorizar y focalizar el uso de recursos públicos a lo más urgente e importante. Y debe ser la búsqueda del bien común por sobre los intereses de grupos lo que definan esas prioridades. Erradicar la pobreza, la marginalidad, y todo tipo de exclusión debe seguir siendo prioridad esencial.

La gratuidad universal en la educación superior, es un ejemplo paradigmático de una política injusta, con jóvenes de la misma edad  que están invisibles para la política pública, como el 20% de egresados de enseñanza media  que año a año no acceden a estudios ni al mundo laboral.

Reafirmamos también el principio de subsidiariedad. Es propio de nuestra doctrina. Entre el mercado y el estado, está la sociedad. La sociedad, expresada en  iniciativas comunitarias y privadas, debe ser  un foco fundamental de la Democracia Cristiana  para el desarrollo del país.

Creemos en un Estado efectivo, moderno, con facultades e instituciones capaces de regular y proveer bienes y servicios públicos como seguridad, respeto a derechos humanos, libre competencia, protección del medio ambiente, de los más vulnerables, respeto a la ley. Un Estado que propicie el desarrollo y genere condiciones para potenciar la actividad económica y la alianza pública privada. No queremos un Estado centralizador que con sus políticas coarte el aporte privado, menos aún que se coarte la libertad de enseñanza o se limite la autonomía de las personas e instituciones. Queremos un Estado que promueve los derechos de las personas y respete su libertad, pero que también convoque a los ciudadanos a ser responsables en la construcción de un destino común, fortaleciendo la democracia y sus instituciones, favoreciendo la transparencia, erradicando la corrupción y el abuso y promoviendo la calidad de la política.

Fortalecer nuestra identidad

Todos queremos una Democracia Cristiana de vanguardia, liderando las transformaciones. Nos duele ver a nuestro partido “mejorando los proyectos de ley” y muchas veces atajando goles. La Democracia Cristiana debe cumplir el sano rol articulador del encuentro de las mayorías del país, que buscan el desarrollo, la paz y el respeto para todos los ciudadanos.

Chile, como consecuencia de sus avances del pasado reciente, puede aspirar a hacer posible el sueño de una nación desarrollada e inclusiva. Vivimos una nueva etapa, con una ciudadanía muy consciente de sus derechos que repudia los abusos y los privilegios vengan de donde vengan, también del aparato estatal. Además, se ha expandido una amplia y diversa clase media, con mayores expectativas, que aspira a vivir con seguridad, a acceder a servicios de calidad, y a oportunidades, empleos productivos y emprendimientos, que reconozcan su esfuerzo y mérito en la construcción de una vida mejor para el país y los suyos.  A esa nueva ciudadanía debemos representar. Esos chilenos requieren de nuestras propuestas. Clarificar nuestra oferta al país es el paso previo indispensable para definir nuestros pasos futuros.

Por último, no queremos una DC mirando  a la izquierda ni a la derecha, queremos una DC mirando hacia adelante. Moderna, soñando el futuro, interpretando a los nuevos chilenos sin complejos , decididos a buscar el bien común, más allá de las consignas y los aplausos efímeros.  Esa es la invitación que hacemos a esta Junta.