El proceso que estamos iniciando para modificar nuestra Carta Fundamental es una excelente oportunidad para sentar principios y reglas que definirán el marco para el perfeccionamiento de diversas instituciones, entre ellas, el sistema de salud.

Para acometer con éxito este desafío, primero deberemos entender qué es aquello que se debe o no incluir en una Constitución para permitir que los derechos y deberes de las personas que, como país, queremos se consagren se puedan posteriormente concretar a través de leyes en el diseño del sistema de salud que dé cuenta de los desafíos presentes y futuros del país.

El riesgo de este proceso es creer que los cambios constitucionales son suficientes para resolver los problemas de salud. Sostener algo como eso es no entender el papel que cumple la Constitución en un país. Hacemos esta prevención porque en salud las consignas sin fundamento en muchas oportunidades copan el debate.

Debemos salir de este ámbito de discusión, generando información, educando respecto del proceso constitucional y su sentido, y promoviendo el uso de metodologías que estimulen la participación de todos los actores del sector salud y de fuera de él -toda vez que salud forma parte de la seguridad social de nuestro país- y, lo que es más importante, creando las competencias para hacernos las preguntas correctas que permitan obtener respuestas para agregar valor desde este ámbito sectorial al proceso constitucional, sin despertar, en forma demagógica, expectativas respecto del aporte de la Constitución a la solución de los problemas de salud del país.

En este sentido, la Constitución es ese acuerdo social básico, que define los derechos y libertades de los ciudadanos y norma los poderes e instituciones que van a regular la vida política de la sociedad y los límites del Estado. Es la piedra angular sobre la cual se va a organizar la vida política de la sociedad y un nuevo acuerdo social de convivencia, en el entendido de que la sociedad no requiere consenso pleno y unánime en todos los temas y aspectos de la vida social, y donde la diversidad es el eje de la vida democrática.

La redacción de la norma constitucional en salud de los 80 se realizó a la vista de los acontecimientos más relevantes de la primera parte del siglo XX, y fijó un marco específico para salud que hoy, frente a los nuevos desafíos que vivimos, aparece insuficiente.

Si bien tenemos muy buenos indicadores de morbi-mortalidad, enfrentamos múltiples problemas: un escaso enfoque de cuidado y promoción de la salud y prevención de la enfermedad acorde con las características de la población, particularmente en el sistema privado. Nuestro sistema se organiza en base a dos subsistemas que segmentan a la población por riesgo y capacidad económica: uno privado, que genera cautividad y preexistencias, y otro público, con bajos niveles de eficiencia y calidad, traducidos en listas de espera de sus beneficiarios y endeudamiento de sus hospitales.

Asimismo, los costos crecientes en salud y los avances tecnológicos que se avecinan plantearán otro paradigma a resolver: hasta dónde el Estado garantizará la equidad en el acceso a tecnologías y tratamientos de alto costo y cómo contribuirá al diseño de respuestas sociales efectivas a los problemas actuales y emergentes y cómo se compatibilizarán el rol del Estado y la libertad de las personas.
Requeriremos de una Constitución como marco general para establecer un nuevo contrato social en salud, en donde se concilie, armónicamente, la tríada libertad-derechos-deberes de las personas con el rol del Estado.

Estamos convencidos de que este nuevo arreglo constitucional, para su estabilidad en el tiempo y legitimidad democrática, debe contener todas las posibilidades que nos permitan responder estas preguntas fundamentales: Cuál es el espacio de lo público, de lo estatal, de lo privado y de las personas , cómo garantizar efectivamente los derechos de las personas, en especial de los más pobres y vulnerables; cómo promover la salud y sus deberes, tanto en lo colectivo como lo individual, en equilibrio con la libertades personales; así como de definir si nos hace sentido cuáles pueden ser las opciones de colaboración pública y privada; cómo se incentivan la calidad, la eficiencia y el costo-efectividad de los diferentes servicios de salud, en particular con una regulación que estimule la transparencia y competencia de los actores privados.

Todo ello con el fin último de lograr que los que aquí vivimos tengamos una mejor salud y, en definitiva, una mejor calidad de vida.

Fuente: Blog El Mercurio, miércoles 13 de abril. Revisar acá