La crisis constitucional: Peligros de no enfocar el debate

Jorge Correa: “Por eso es tan pernicioso transformar el debate constitucional en uno entre la Constitución del 80 y la del 25; por eso son impertinentes las preguntas sobre principios y derechos económico-sociales…”.

El actual debate de contenidos constitucionales y aquel que se apronta a impulsar el Gobierno yerran al no enfocarse en el principal problema constitucional que nos afecta. Sin un diagnóstico acertado de la crisis constitucional que tenemos, andaremos dando palos de ciego, enfrentando fantasmas en vez de los principales problemas que aquejan a nuestra institucionalidad política.

El debate de contenidos constitucionales que asoma se centra en el rol social y económico del Estado. Se discute entre subsidiariedad y solidaridad en el ámbito de los principios y si consagrar derechos económico-sociales reclamables en sede judicial. ¿Son esos los problemas de la institucionalidad política chilena? No me parece, y menos que ellos sean cuestiones que podamos o debamos resolver en el plano constitucional.

Ciertamente es un dilema presente y relevante discernir si la salud, la educación y la seguridad social van a ser provistos por el Estado, como si se tratara de derechos reclamables, o si por los privados, como si fueran bienes transables en el mercado. Son dilemas políticos relevantes, pero ellos no están en condiciones ni necesitan resolverse en el plano constitucional. No debemos situarlos en ese plano porque el debate a su respecto está lejos de haber alcanzado consensos maduros estables.

Lo que se escribe en un texto constitucional queda grabado en piedra para imponerse a las mayorías políticas. Por ello, si queremos una Constitución de todos y estable, debemos reservar su texto solo para aquellas reglas y principios que son precondiciones de la democracia, para esas que la moral debe imponer a la política.

La Constitución no es el plano para impedir que idearios socioeconómicos compatibles con la libertad y la democracia sean proscritos. A su respecto es perfectamente posible que las mayorías experimenten y haya alternancia de programas.

Las constituciones no son el instrumento por el cual un grupo impone a otro numeroso su modelo favorito de orden económico o social, sino las reglas, más bien de orden procesal, mediante las cuales esas diferencias habrán de resolverse en el futuro.

La Constitución de 1980 es hija de una crisis en la que se enfrentaron modelos irreconciliables de sociedad que movilizaban intensas y extensas posiciones e intereses confrontados. Los vencedores escribieron la Constitución para retornar a un sistema de elección popular de autoridades, a un tiempo que se tomaban fuertes resguardos para impedir el regreso al modelo socialista y estatista que había sido derrotado en el golpe del 73.

El desafío constitucional de hoy es muy diverso a resolver esa confrontación ideológica de la Guerra Fría; ya no consiste en imponer un modelo de sociedad entre aquellos que se confrontaban ayer, sino en permitir que los sistemas de representación de la voluntad popular y los mecanismos de participación directa sean percibidos como legítimos por la población. Por eso la reciente propuesta de Lagos Weber acierta en situar el debate constitucional en lo que le es propio.

El desafío democrático de hoy consiste en devolver la credibilidad a las instituciones; lo que debemos lograr es limpiar los canales de representación y participación para dotar de legitimidad a las decisiones que se toman en el nivel político en nombre de los ciudadanos y dotar de aplomo a quienes ocupen posiciones de poder. Nada de ello se logrará discutiendo modelos sociales, sino debatiendo entre modelos de democracia política.

Por eso es tan pernicioso transformar el debate constitucional en uno entre la Constitución del 80 y la del 25; por eso son impertinentes las preguntas sobre principios y derechos económico-sociales. El genio de una Constitución no consiste en enunciar valores, sino en instalar una arquitectura institucional capaz de realizarlos. Buena parte del actual debate intenta conducir hacia una nueva institucionalidad mirando por el espejo retrovisor los problemas del pasado.

FUENTE: Diario El Mercurio, edición impresa; Editorial y Cartas, domingo 20 de Marzo 2016. Revisar acá