José Luis Cea: Con actual proceso constituyente van surgiendo vicios más graves que los que pretendían ser saneados

José Luis Cea Egaña: “Una Constitución no debe ni puede ser nunca el ideario del gobierno de turno. Ella tiene que reunir, de manera coherente, las visiones de los sectores más diversos y relevantes de la sociedad…”

Muchas son las críticas que se realizan a la Constitución vigente, especialmente por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la coalición que la apoya. Ellas tienen que ver, casi exclusivamente, con la llamada legitimidad de origen; es decir, el proceso de creación de nuestra Carta Fundamental entre 1973 y 1980. Reconozcamos que dicha crítica se formula porque nuestra Constitución se hizo mientras estábamos inmersos bajo un régimen de facto, sin participación libre y real, discusión transparente y los resguardos institucionales, propios de una democracia.

Personalmente, estimo que esa crítica es válida, pero aprecio también lo ocurrido en los treinta y más años siguientes al último de los antes mencionados. Por eso vemos que con el actual proceso -mal llamado constituyente-, pues carece de base en la Carta Política, van surgiendo vicios más graves que aquellos que pretendían ser saneados con la implantación de una nueva Constitución. Así es, ya que hoy no existe ningún precepto constitucional, ni siquiera legal, que ampare y regule el sistema de grupos autoconvocados y cabildos que está siendo impulsado por el Gobierno. Esto genera más incertidumbre que certezas, socavando la seguridad jurídica y la legitimidad del Código Fundamental que se postula aprobar. Evidentemente, lo escrito tiene consecuencias negativas en las inversiones y, más en general, en el crecimiento de la economía, el empleo y desarrollo social del país.

La experiencia ya demostrada en aquel proceso da cuenta de gente que se reúne a conversar, con base en pautas amplísimas y que no tiene claro para qué se los convoca, ni cuál es el objetivo de tales encuentros, menos aún lucidez en la formulación de conclusiones. Se trata de personas que no han leído siquiera en parte la Constitución y a quienes se les insta a mejorarla. Resulta insólito que puedan ser convocados a opinar sobre tan complejos y transcendentales temas personas desde los catorce años de edad.

Es preocupante que un asunto de la mayor relevancia jurídica, política e histórica, que compromete el futuro de Chile, por generaciones, sea diseñado e implementado con tanta improvisación y descuido de las consecuencias. Nadie sabe quiénes, cómo, cuándo y con qué controles confiables se recopilarán las conclusiones de los cabildos. Lo que se está haciendo es crear expectativas, convirtiendo el tema constitucional en un texto eventual lleno de declaraciones de buenos deseos, carentes de la puntualización que le infunde alguna posibilidad de materialización.

Vemos, día a día, que existe una tendencia a la manipulación en la información que se entrega a los medios de comunicación y al público. Por ejemplo, tal ocurre cuando se pronuncian juicios descalificadores afirmando que la Constitución vigente es de la dictadura. La magnitud y cantidad de esas enmiendas, acordadas por el Gobierno y la oposición desde 1989, vuelven a esas descalificaciones interesadas más que inexactas.

¿Por qué se insiste, contra todos los indicadores objetivos que demuestran lo contrario, en convocar a la participación de diversos sectores políticos, cuando no se les ha permitido participar en igualdad de condiciones en el debate constitucional? La respuesta se halla en un diagnóstico, a priori , identificable con consignas formuladas con bases ideológicas que rechaza la mayoría de la ciudadanía. Será muy difícil, por ende, elevar el nivel de participación democrática en el proceso mencionado.

Una Constitución no debe ni puede ser nunca el ideario del gobierno de turno. Ella tiene que reunir, de manera coherente, las visiones de los sectores más diversos y relevantes de la sociedad. Es lo característico de las comunidades pluralistas. Ella tiene que mirar hacia el futuro, sin resquemores del pasado ni incurrir en pretensiones fantasiosas, imposibles de concretar, aunque se apoye en la buena voluntad para hacerlo. Lo dicho no significa que se olvide el ideario histórico ni el acervo constitucional que ha permitido que seamos la sociedad humanista que hoy somos, con imperio de la justicia y la búsqueda pacífica del bien común. Solo nos debe movilizar en la concreción de proyectos compartidos, reconociendo que jamás serán compartidos por todos en países en los que, como Chile, existen divisiones profundas que tornan muy complejo forjar entendimientos perdurables.

FUENTE:  El Mercurio, edición impresa, domingo 3 de julio 2016.