Compilado histórico de declaraciones de Progresismo Con Progreso.

 (enero 2016 – enero 2018)

  1. Carta a los Dirigentes de la Democracia Cristiana: Progresismo sin progreso: ¿El legado de la Nueva Mayoría para Chile? Santiago, 1 de enero de 2016.
  2. Declaración Reforma Laboral PCP. Santiago, 12 de marzo de 2016.
  3. Planteamiento ante la Junta Nacional. 2 de abril de 2016.
  4. La derrota de la Nueva Mayoría es la contraparte de un mal gobierno y el fracaso de su proyecto. Santiago, 26 de octubre de 2016.
  5. La Democracia Cristiana y su aporte al futuro de Chile. 4 de enero de 2017.
  6. Declaración de PCP. 2 de agosto del 2017.
  7. Yo apoyo a Mariana Aylwin, Clemente Pérez, Álvaro Clarke, Guillermo Le Fort, Pedro García, Felipe Sandoval, Manuel Inostroza, Hugo Lavados y Eduardo Aninat. Carta a miembros de la Directiva Nacional e integrantes del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. 4 de enero de 2018.

Carta a los Dirigentes de la Democracia Cristiana:

Progresismo sin progreso: ¿El legado de la Nueva Mayoría para Chile?

Santiago, 1 de enero de 2016.

  1. Los abajo firmantes somos militantes y simpatizantes DC de toda la vida. A través de esta carta queremos manifestar nuestra preocupación por el rumbo que está tomando el país bajo el actual gobierno. En el último cuarto de siglo Chile ha tenido un proceso de desarrollo exitoso que lo ha llevado desde ser un país de ingreso promedio en América Latina, con alta incidencia de la pobreza y limitadas oportunidades, a liderar la región en su crecimiento económico y social, en sus avances en salud, educación, ingresos y superación de la pobreza. Sin duda faltan muchos logros por alcanzar y desafíos por emprender. No obstante, hoy percibimos que, en lugar de seguir avanzando, lo conseguido con mucho esfuerzo está en riesgo de perderse por un diagnóstico errado y un mal diseño de políticas públicas. Para enfrentar este problema se requiere de una profunda corrección.
  2. Este escenario se ha visto agravado por el conocimiento de irregularidades en el financiamiento de la actividad política y por conductas que lesionan la integridad de los mercados, limitan la competencia, maltratan a los consumidores e inversionistas y dañan la reputación de Chile. El progreso del país requiere transparencia y apego a la Ley. Los inaceptables abusos e irregularidades de algunos nos terminan perjudicando a todos, castigando a amplios sectores de la población y afectando la legitimidad y confianza en las empresas, en las instituciones públicas y, más importante aún, en el sistema democrático.
  3. Afirmamos nuestro apoyo a todas las reformas que impulsen el desarrollo y la justicia social. Chile, como consecuencia de sus avances en el pasado reciente, puede aspirar a hacer posible el sueño de una nación desarrollada e inclusiva. Por eso, nos preocupa elevar significativamente el ritmo y la calidad del crecimiento país; proponer una agenda movilizadora de las muchas voluntades que hoy están por comprometerse con un desarrollo mucho más vigoroso que un magro 2% y que, a su vez, responda a las demandas de equidad, prosperidad e igualdad oportunidades. Vivimos una nueva etapa, con una ciudadanía muy consciente de sus derechos que repudia los abusos y los privilegios vengan de donde vengan, incluyendo al aparato estatal. Además, se ha expandido una amplia y diversa clase media, con mayores expectativas, que aspira a vivir con seguridad; a acceder a servicios de calidad, oportunidades, empleos productivos y emprendimiento que reconozcan su esfuerzo y mérito en la construcción de una vida mejor para el país y los suyos.
  4. Como la mayoría de los chilenos, no estamos dispuestos a cualquier reforma que pudiera descarrilar el crecimiento y echar por la borda lo ya logrado. No estamos conformes con las cambios que se están implementando, ni en contenidos ni en procedimientos. Hacemos un llamado a reorientar la mirada de quienes en el gobierno han preferido el apresuramiento a la calidad y al Estado por sobre los organismos intermedios y las personas. La Democracia Cristiana tiene una tradición que nos honra de políticas responsables, bien diseñadas e implementadas sin improvisaciones ni espíritu refundacional. Nuestra tradición es de transformaciones consistentes, sostenidas, incrementales, construidas sobre la base de estudios objetivos y buscando los acuerdos más amplios posibles. Las reformas se medirán por su impacto en el desarrollo de la sociedad en su conjunto y no por la satisfacción de visiones ideológicas o intereses corporativos. Lo que hoy está ofreciendo la Nueva Mayoría es un progresismo sin progreso, que representa un serio riesgo de estancamiento y retroceso para la democracia, los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico-social.
  5. Vemos con preocupación que se impone una tendencia que privilegia expandir el rol del Estado por sobre la solución efectiva de los problemas a los que nos enfrentamos. De gestionar solo desde la cúpula burocrática, sin reconocer el rol subsidiario del Estado, un principio constitutivo de nuestra visión de la sociedad, que ha sido un factor fundamental en el desarrollo de nuestro país. Creemos en un Estado efectivo, moderno, con facultades e instituciones capaces de regular y proveer bienes y servicios públicos como seguridad, respeto a derechos humanos, libre competencia, protección del medio ambiente, de los más vulnerables y salvaguarda de la ley. Un Estado que propicie el desarrollo y genere condiciones para potenciar la actividad económica y las alianzas público-privadas. No queremos un Estado centralizador que con sus políticas coarte el aporte privado, menos aún que se coarte la libertad de enseñanza o se limite la autonomía de las personas e instituciones. Queremos un Estado que promueve los derechos de las personas y respete su libertad, pero que también convoque a los ciudadanos a ser responsables de la construcción de un destino común, fortaleciendo la democracia y sus instituciones y favoreciendo la transparencia; erradicando la corrupción, el abuso y promoviendo la calidad de la política.
  6. El Estado nunca será capaz de lograr todo a la vez y sin costos de ningún tipo. Hoy y siempre será necesario priorizar y focalizar el uso de recursos públicos en lo más urgente e importante. Debe ser la búsqueda del bien común por sobre los intereses de grupos lo que definan esas prioridades. Erradicar la pobreza, la marginalidad y todo tipo de exclusiones debe seguir siendo la prioridad esencial. Ello implica un uso responsable y efectivo de recursos públicos, haciendo de la eficiencia un objetivo permanente, mejorando y fortaleciendo las políticas focalizadas en los más pobres. Por esto no podemos concordar con la forma ideológica y liviana con que se han diseñado las políticas de financiamiento de la educación, ni menos con la gratuidad universal en la educación superior que consideramos regresiva.
  7. De la misma manera, en el plano económico se están poniendo en práctica reformas cuyos resultados finales no han sido debidamente evaluados, donde priman los anuncios sobre el contenido y la improvisación sobre la necesaria reflexión y concertación de amplios apoyos. Patentes ejemplos de esta situación han sido la forma en cómo se han abordado la reforma tributaria, educacional, laboral y los esbozos del debate constitucional.
  8. El PDC debe cumplir el sano rol articulador del encuentro de las mayorías del país, que buscan el desarrollo, la paz y el respeto para todos los ciudadanos. Ese fue el espíritu que primó en los gobiernos de la Concertación. Hacemos llegar estas reflexiones a nuestra dirigencia, bases y a quienes nos representan en el Ejecutivo y en el Parlamento. Esperamos que escuchen a la ciudadanía y sepan defender nuestros principios doctrinarios y trayectoria histórica. En estas circunstancias, ponemos a disposición nuestras voluntades y mejores esfuerzos para impulsar una corrección que nos encamine en la senda de la eficacia, el entendimiento y la paz social. Es el futuro del país y no solo el del partido el que está en juego.

Firman: Álvaro Clarke, Ana Luz Durán, Claudio Mundi, Clemente Pérez, Maurcio Olvarría, Santiago Venegas, Dieter Linnenberg, Eduardo Aninat, Ernesto Evans, Ernesto Tironi, Pedro García, Felipe Del Río, Gabriela Ruitort, Germán Acuña, Guillermo Le Fort, Walter Oliva, Hugo Lavados, Jaime Lavados, Jorge Araya, Jorge Frei, Rodolfo Seguel, José Jiménez, Manuel Inostroza, Mariana Aylwin, Mario Jeréz, Rodrigo Moraga.

Declaración Reforma Laboral PCP

Santiago, 12 de marzo de 2016.

  1. Una regulación laboral moderna es una piedra angular de un entorno pro-competitivo para que sea base del crecimiento económico y generación de empleos. El actual proyecto de reforma laboral si bien, por una parte, cumple con la necesidad de fortalecer los derechos de los trabajadores en los procesos de negociación, por otra, lleva las atribuciones sindicales a tal nivel que existe un serio riesgo de desalentar la inversión y afectar la capacidad de competir de las empresas, particularmente las Pymes, en donde los gastos laborales representan una mayor proporción de los costos totales. Con ello también se afectará negativamente el crecimiento, la creación de empleos y la capacidad para incrementar los salarios en el largo plazo.
  2. Nada protege más a los trabajadores que una economía con altas tasas de crecimiento, que mantenga activo el mercado laboral. El alza de salarios reales en Chile, que para el período 2007 – 2013 fue de 22%, uno de los más altos de los países de la OECD, fue ciertamente explicado por el “superciclo de commodities”, pero también por ser un país atractivo para invertir y con una regulación laboral que ha permitido traspasar los aumentos de productividad a salarios.
  3. Los aumentos sostenibles en el largo plazo de los salarios requieren tener como contraparte aumentos en la productividad, los que solo pueden conseguirse con incrementos de capital humano, capital físico y avances tecnológicos. Esta reforma no incluyó lo más importante: el fomento de programas de capacitación laboral que incrementen el capital humano, la productividad y, por tanto, los ingresos de los trabajadores independientemente de si están sindicalizados o no.
  4. En todos los países de la OECD, con la sola excepción de México, se permite el reemplazo interno en caso de huelga. Esto incluye a países como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Alemania, que presentan las mejores distribuciones del ingreso del mundo y cuyas regulaciones laborales son reconocidas como altamente protectoras de los derechos de los trabajadores. La huelga en el Registro Civil y en la Dirección General de Aeronáutica Civil son claros ejemplos de cómo un grupo pequeño de trabajadores puede afectar a todo un país. El propio gobierno tuvo que recurrir a reemplazos externos para intentar subsanar una situación de altísimo costo social; parece que el ejecutivo no aprendió de su propia experiencia.
  5. La exclusividad del sindicato para extender los beneficios de la negociación colectiva al resto de los trabajadores termina con la libertad sindical en la práctica, lo que es un factor clave para la competencia y las mejores prácticas sindicales. Un buen sindicato no debería necesitar de estas concesiones para captar adherentes. En casi todos los países de la OECD esta disposición tampoco existe.
  6. No entendemos por qué el gobierno insiste en ir más allá de un límite que casi todos los países con los que se compara no lo cruzado, más aún cuando el riesgo de equivocarse tiene consecuencias tan negativas. Hacemos un llamado a actuar con prudencia y cuidado: las malas reformas terminan teniendo un costo muy alto. Aprobar una mala reforma laboral va a perjudicar severamente los esfuerzos del propio gobierno por establecer una agenda pro-crecimiento.
  7. Valoramos el gran esfuerzo que han hecho los Senadores Ignacio Walker, Patricio Walker, Andrés Zaldívar y Manuel Antonio Matta por dar mayor sensatez y visión de largo plazo a la reforma laboral. Particularmente en su rechazo a la negociación inter-empresas, la que afecta particularmente a las firmas pequeñas y medianas que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país.
  8. Lamentablemente, van a permanecer factores de riesgo que podrían inhibir la inversión, como una posible judicialización del concepto de “adecuaciones necesarias en caso de huelga” y la limitación a la libertad sindical como consecuencia del veto del sindicato a la extensión de los beneficios. Por lo anterior, habrá un escenario más complejo para poner el crecimiento económico en el centro de la agenda pública, lo que será un serio retroceso para hacer de nuestro país una sociedad desarrollada e inclusiva.

Firma: PCP.

Planteamiento ante la Junta Nacional.

2 de abril de 2016.

Un llamado al diálogo sin descalificaciones.

Al interior de la Democracia Cristiana compartimos principios y valores fundamentales. Nos moviliza el bien común y queremos lo mejor para Chile. Hemos elegido pertenecer a nuestro partido para las impulsar transformaciones que hagan posible dignificar la vida humana y hacer de nuestra patria una sociedad libre, justa y solidaria.  Hemos elegido también el camino más difícil, lejos de las soluciones simplistas, del populismo, de los fanatismos y de los extremos.  Ello explica en parte nuestras diferencias internas. Por ello, requerimos un debate bien intencionado y sin descalificaciones. No son fáciles las decisiones políticas en una sociedad tan compleja como la actual, menos desde la posición en que se sitúa la Democracia Cristiana en la realidad política nacional.

Hacernos cargo del descontento.

Desde esa mirada queremos hacer un aporte al debate: advirtiendo sobre los problemas que percibimos y proponiendo alternativas. Nuestra inquietud parte de constatar que, a pesar del carácter progresista del gobierno, el país está corriendo un serio riesgo de detener su progreso, frenar su desarrollo y fracasar en el objetivo de lograr mayor inclusión e igualdad en los próximos años.  Nos preocupa así mismo que el gobierno de la Nueva Mayoría tenga un rechazo cercano al 70% y que la mayoría de los chilenos rechace hoy las mismas transformaciones por las cuales votó.  Es un desprecio inmerecido a los chilenos considerar que aquello sea fruto de campañas conspirativas o problemas de comunicación. Es nuestro deber asumir una responsabilidad: la evidencia muestra que la forma en que se han llevado a cabo las reformas no está interpretando a un porcentaje importante de ciudadanos que confiaron en nosotros.

Acuerdo para un crecimiento económico inclusivo.

Hemos sostenido que cualquier propuesta futura de políticas públicas requerirá poner al crecimiento económico como un tema central en la agenda. No se trata de ser “economicistas” ni “neoliberales” El desarrollo económico no es un fin en sí mismo sino un medio indispensable para avanzar hacia hacer de Chile la comunidad que queremos, que reconoce a todos y a cada uno como hombres y mujeres como libres y responsables; sujetos de derechos y deberes y protagonistas de su propio destino.  Eso es mucho más que ser ciudadanos iguales receptores de derechos garantizados por el Estado.  Este desarrollo implica una economía integrada, dónde cada uno haga su aporte y participe de los beneficios generados; donde se combinen armónicamente lo público y lo privado, la eficiencia con la equidad, la competencia con la cooperación y los incentivos con la inclusión.  Esto es posible en el marco de una economía social de mercado que es un vehículo para el crecimiento inclusivo.

Chile ha tenido un notable desarrollo económico en las últimas décadas: el PIB per Cápita pasó de US$ 4.407 en 1990 a US$ 22.346, en 2014 (Banco Mundial). Pasó de ser un 18% del PIB per cápita de EEUU a un 41%, un incremento relativo muy importante y exclusivo en Latinoamérica. También la pobreza se redujo sustancialmente, entre 1987 y 2011 cae de 47.5% a 7.5%, de acuerdo a la antigua metodología. Ello permitió que nuestro país avanzara en educación, salud, infraestructura y reducción de la pobreza liderando en todos esos ámbitos en la región.  Sin embargo, la distribución del ingreso es aún muy desigual. De acuerdo a cifras de la OECD, en 1990 el Coeficiente de Gini era 0,573 mientras que en 2013 era de 0,505. Por lo anterior, también se hace necesario diseñar e implementar políticas públicas efectivas que hagan de nuestro país una sociedad desarrollada e inclusiva.

Dada la complejidad de las reformas y la necesidad de proyectarlas en el largo plazo, la Democracia Cristiana debe tomar la iniciativa para impulsar un acuerdo político y social que refleje los valores a los que nuestro país aspira, que defina los principales lineamientos políticos y reconstruya las confianzas en la sociedad chilena.

Una agenda de reformas sociales efectivas que hagan de Chile una sociedad más justa tomará al menos 20 años. Con tasas de crecimiento del 2%, que será el promedio del gobierno de la Nueva Mayoría, difícilmente se podrán financiar las reformas que el país necesita, eso es progresismo sin progresoUna economía creciendo al 4.4% duplica el ingreso per cápita en 20 años, una economía creciendo al 2% se demora 63 años en duplicar el ingreso per cápita, más de 4 generaciones adicionales. Por eso poner el crecimiento como punto central en la agenda pública es hoy día esencial.

Para enfrentar esta compleja situación, la agenda pro crecimiento debe contemplar tres vectores principales: impulso a la inversión, a la generación de empleos y a la ganancia de productividad.  Esta agenda debe ser capaz de renovar las confianzas en el futuro de Chile y su economía, permitiendo superar el negativismo de algunos que rechazan el valor de todo lo logrado en el último cuarto de siglo, y el pesimismo de otros, que creen que el futuro necesariamente será cada vez más oscuro.  Solo así podremos generar un nuevo proceso de crecimiento auto sostenido, o regenerar el que tuvimos por la mayor parte de los últimos 25 años.

La inversión ha bajado no sólo por los menores precios del cobre y las condiciones externas, sino que también por la pérdida de confianza y la incertidumbre política. Respecto a las primeras variables no podemos hacer nada, pero las confianzas son recuperables y los pesimismos reversibles.  Es importante para ello dar señales sobre la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica reforzando el compromiso con el balance fiscal estructural junto con favorecer la cooperación público-privada para llevar adelante concesiones en infraestructura; estimular y proteger el ahorro, con un sistema tributario justo, simple y efectivo, que persiga la evasión, pero que no castigue la inversión, factor clave para impulsar el crecimiento y aumentar la productividad y los salarios.

Una agenda para mejorar crecimiento requiere para su éxito impulsar el empleo formal, palanca poderosa para generar más inclusión social. Ello implica una reforma pro empleo que busque estimular la incorporación de la mujer permitiendo, el trabajo part-time, a distancia y favoreciendo el desarrollo de centros de cuidado infantil y educación pre-escolar.

Un incremento de la flexibilidad laboral desarrollando nuevas formas de contrato laboral no sujetas a altos costos de despido, pero con seguros portables, puede tener como resultado una baja importante en el desempleo y la informalidad laboral.  Hoy más de un tercio de los ocupados no cotizan en el sistema previsional. Agregando a los desocupados, se llega a una tasa de casi 40% de la fuerza laboral sin o con pobre cobertura previsional, con empleos precarios y con bajos ingresos. Por otro lado, toda la evidencia indica que la inversión en educación más rentable es aquella que se hace en edades tempranas, mejorar la educación pre-escolar es apuntar directamente a la igualdad de oportunidades, es ese el escenario más importante para jugarnos por un proyecto de justicia social.

Para que los salarios reales crezcan sostenidamente se requieren incrementos en la productividad. Ello requiere ampliar mecanismos de capacitación, incluyendo la educación técnico-profesional.  El aumento de la productividad es la piedra angular del crecimiento económico sostenido.

Mejorar la productividad incluye la reducción de costos y diversificación de la matriz energética. Por ello celebramos la política que en este ámbito está impulsando el gobierno. Pero no estamos haciendo similar esfuerzo en masificar la incorporación de tecnologías, ampliar la innovación, incrementar la competencia y eliminar distorsiones en los mercados de bienes y de factores.  Las mejoras de la eficiencia no pueden limitarse al sector privado.  Los servicios del Estado deben también mejorar su eficiencia y a la vez respetar los derechos de los usuarios.  Todo ello impacta fundamentalmente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables, generando una doble razón para darle prioridad.

El fracaso de una agenda pro-crecimiento podría significar que la desaceleración que nos afecta se profundice y que la economía entre en un estancamiento secular dándole así la razón a los profetas del fracaso.  Tan solo un 1% menos en la tasa de crecimiento anual promedio del PIB hace una gran diferencia para la calidad de vida de todos y para los servicios del Estado.  En solo 5 años perderíamos sobre 10 mil millones de dólares en tributación acumulada y, por tanto, en menor inversión social.  Por esto, ignorar el crecimiento tiene serias consecuencias para el progreso del país y para el avance y protección de los derechos sociales que queremos fortalecer como nación.

Políticas sociales bien diseñadas y bien implementadas.

Los democratacristianos apoyamos todas las reformas que apunten a disminuir las brechas sociales, mejorar la educación, la salud, la seguridad de las personas, el funcionamiento de nuestras instituciones y hacer de la política una función valorada por la ciudadanía. Nuestros reparos a las principales reformas que se han implementado se apuntan en tres sentidos: 1) al carácter refundacional que han tenido; 2) la improvisación y diagnósticos fundados en criterios ideológicos o intereses sectoriales más que en la realidad y en la búsqueda del bien común; 3) el evidente predominio de una tendencia estatista.

La “retroexcavadora” ha funcionado. Se ha legislado en reformas tan importantes como la tributaria, el fin al lucro, selección y el financiamiento compartido, la gratuidad en la educación superior o los derechos sindicales, sin los estudios técnicos apropiados, sin evaluación de sus impactos, sin una visión general del sector, sin el debate democrático necesario y con enorme premura.  Aspiramos a mejorar la educación y la salud, tanto la pública como la privada, con políticas incrementales capaces de integrar los sistemas y con las regulaciones adecuadas. No sacamos nada con reformar la educación y la salud privada sin mejorar la salud y educación pública.  Tampoco con mejorar los derechos sindicales sin considerar sus efectos en las empresas medianas y pequeñas. Menos con soluciones simplistas para problemas complejos. No puede ser que cada ley requiera posteriormente de infinidad de decretos, cuando no de rehacerse.

La Democracia Cristiana tiene una tradición que nos honra de políticas responsables, bien diseñadas e implementadas sin improvisaciones ni espíritu refundacional. Nuestra tradición es de transformaciones consistentes, sostenidas, incrementales, construidas sobre la base de estudios objetivos y buscando los acuerdos más amplios posibles.

Tampoco compartimos que la Democracia Cristiana se suba al caballo de los derechos sociales garantizados y provistos por el Estado, cuando el país aún tiene problemas de pobreza extrema, jóvenes desertores, educación inicial de baja cobertura y mala calidad o mujeres que no pueden ingresar al mercado laboral porque no tienen donde dejar a sus hijos. Hoy y siempre será necesario priorizar y focalizar el uso de recursos públicos a lo más urgente e importante. Y debe ser la búsqueda del bien común por sobre los intereses de grupos lo que definan esas prioridades. Erradicar la pobreza, la marginalidad y todo tipo de exclusión debe seguir siendo prioridad esencial.

La gratuidad universal en la educación superior, es un ejemplo paradigmático de una política injusta, con jóvenes de la misma edad que están invisibles para la política pública, como el 20% de egresados de enseñanza media que año a año no acceden a estudios ni al mundo laboral.

Reafirmamos también el principio de subsidiariedad. Es propio de nuestra doctrina. Entre el mercado y el estado, está la sociedad. La sociedad, expresada en iniciativas comunitarias y privadas debe ser un foco fundamental de la Democracia Cristiana para el desarrollo del país.

Creemos en un Estado efectivo, moderno, con facultades e instituciones capaces de regular y proveer bienes y servicios públicos como seguridad, respeto a derechos humanos, libre competencia, protección del medio ambiente, de los más vulnerables y respeto a la ley. Un Estado que propicie el desarrollo y genere condiciones para potenciar la actividad económica y la alianza pública-privada. No queremos un Estado centralizador que con sus políticas coarte el aporte privado, menos aún que se coarte la libertad de enseñanza o se limite la autonomía de las personas e instituciones. Queremos un Estado que promueve los derechos de las personas y respete su libertad, pero que también convoque a los ciudadanos a ser responsables en la construcción de un destino común, fortaleciendo la democracia y sus instituciones, favoreciendo la transparencia, erradicando la corrupción, el abuso y promoviendo la calidad de la política.

Fortalecer nuestra identidad.

Todos queremos una Democracia Cristiana de vanguardia, liderando las transformaciones. Nos duele ver a nuestro partido “mejorando los proyectos de ley” y muchas veces atajando goles. La Democracia Cristiana debe cumplir el sano rol articulador del encuentro de las mayorías del país, que buscan el desarrollo, la paz y el respeto para todos los ciudadanos.

Chile, gracias a los avances del pasado reciente, puede aspirar a hacer posible el sueño de una nación desarrollada e inclusiva. Vivimos una nueva etapa, con una ciudadanía muy consciente de sus derechos que repudia los abusos y los privilegios vengan de donde vengan, también del aparato estatal. Además, se ha expandido una amplia y diversa clase media, con mayores expectativas, que aspira a vivir con seguridad, a acceder a servicios de calidad, a oportunidades, a empleos productivos y emprendimientos que reconozcan su esfuerzo y mérito en la construcción de una vida mejor para el país y los suyos.  A esa nueva ciudadanía debemos representar. Esos chilenos requieren de nuestras propuestas. Clarificar nuestra oferta al país es el paso previo e indispensable para definir nuestros pasos futuros.

Por último, no queremos una DC mirando a la izquierda ni a la derecha, queremos una DC mirando hacia adelante: moderna, soñando el futuro, interpretando a los nuevos chilenos sin complejos, decididos a buscar el bien común, más allá de las consignas y los aplausos efímeros.  Esa es la invitación que hacemos a esta Junta.

La derrota de la Nueva Mayoría es la contraparte de un mal gobierno y el fracaso de su proyecto.

Santiago, 26 de octubre de 2016.

  1. A principios de año advertimos a los dirigentes de la Democracia Cristiana y al país que lo que la Nueva Mayoría estaba ofreciendo a los chilenos era “un progresismo sin progreso, que representa un serio riesgo de estancamiento y retroceso para la democracia, los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico-social.” También propusimos levantar “una agenda movilizadora de las muchas voluntades que hoy están por comprometerse con un desarrollo mucho más vigoroso que un magro 2% y que responda a las demandas de equidad, prosperidad y de igualdad de oportunidades”
  2. Lamentablemente, el tiempo ha demostrado que nuestras preocupaciones eran fundadas. La gente nos ha castigado por la fragilidad del empleo, las debilidades de nuestra gestión, la desaceleración y la improvisación. Lo ocurrido con el padrón electoral es un ejemplo más de una larga lista de equivocaciones.
  3. La gente está aburrida y legítimamente decepcionada de la baja capacidad de gestión, de políticas que impulsan un estatismo vacío y de la equivocada idea de que es posible redistribuir sin crecer, de que al Estado le basta querer para poder y de que las prioridades no importan porque igual alcanza para todo. Los recientes resultados electorales son el reflejo de aquello y de la enorme distancia que ha tomado la gente de los partidos políticos. La derrota de la Nueva Mayoría es la contraparte de un mal gobierno y del fracaso de su proyecto político. La DC, confundida y desperfilada en medio de la NM, ha pagado altos costos perdiendo votación y alcaldías. La Democracia Cristiana debe hacerse una autocrítica y pedir a la Moneda asumir también su responsabilidad y que rectifique el rumbo, retomando el camino de la gradualidad en las necesarias reformas que Chile exige, preocupándose de mejorar la gestión y priorizando los problemas más urgentes del Chile de hoy para concluir con dignidad su período constitucional.
  4. Demandamos de nuestros dirigentes y parlamentarios mayor firmeza en la defensa de nuestras convicciones, y relacionarse desde nuestra identidad con el Gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría, con el fin de recuperar el lugar que a la Democracia Cristiana le corresponde en el centro político de nuestro país y representar a un electorado que quiere reformas serias, progresivas, bien hechas y con políticos comprometidos con el Bien Común y no con intereses sectoriales o personales.
  5. La manera de construir unidad es hacerlo a partir de las coincidencias en el diagnóstico y las propuestas de solución. Lo que se ha venido haciendo en los últimos años es juntar por inercia a los mismos actores y exigirse acuerdos o comprometer apoyos, sin que exista una real comunidad de ideas. Esta manera de proceder engaña a la gente y traiciona los ideales de los partidos que integran la coalición. Se presenta una unidad que en realidad no existe y se hace con la excusa de que es necesario para dar gobernabilidad, pero esta no es posible cuando las diferencias se hacen evidentes en pleno gobierno. La enorme brecha que se observa en el país entre políticos y ciudadanía, en virtud de la cual un 65% de los electores no concurren a votar, no puede tomarse con displicencia.
  6. Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias son una oportunidad histórica para reordenar el cuadro político de Chile y consultarles a los chilenos qué tipo de sociedad quieren. Para ello es necesario que la Democracia Cristiana lleve candidato propio a la primera vuelta. No el camino propio, sino una candidatura que compita y que tenga voluntad de ganar y capacidad de llegar a acuerdos. De la misma manera, el nuevo sistema electoral de Chile para las elecciones parlamentarias permite que cada partido quede representado de acuerdo a lo que proporcionalmente le corresponde en cada distrito o circunscripción.
  7. A partir de estos resultados, es posible abordar con madurez y sinceridad los acuerdos necesarios para formar gobierno. Proceder de esta manera no atenta contra la unidad, más bien la construye responsablemente, la hace sustentable y más sensible a todos los sectores políticos de la vida nacional.
  8. Valoramos el encuentro histórico entre el humanismos laicos y cristianos en los gobiernos de la Concertación; este eje representa a buena parte de los chilenos, pero no es territorio exclusivo de algunos partidos presentes en la actual coalición de gobierno. Es necesario integrar a nuevos sectores políticos y sociales, con los cuales efectivamente existan visiones comunes de país. El país busca alternativas y los que no estén preparados para renovarse perderán vigencia en el alma de las chilenas y chilenos.
  9. Finalmente, llamamos a un gran Acuerdo Nacional que mire al largo plazo y que siente las bases para construir una sociedad moderna y desarrollada. Que proponga al país una agenda de reformas económicas, políticas y sociales que hagan de Chile una sociedad más próspera, justa e inclusiva. Que le dé prioridad al crecimiento económico y que responda a las inquietudes ciudadanas concretas, particularmente, en educación, salud y pensiones.

La Democracia Cristiana y su aporte al futuro de Chile.

4 de enero de 2017.

  1. Hace un año surgimos como un movimiento de ideas al interior del Partido Demócrata Cristiano, planteando nuestra preocupación por el rumbo que estaba tomando el país bajo el gobierno de la Nueva Mayoría y haciendo un llamado a nuestros dirigentes para hacer una profunda corrección.
  2. Sostuvimos entonces que, más allá de las buenas intenciones, percibíamos que, en vez de seguir avanzando como lo habíamos hecho en las décadas anteriores, se estaba poniendo en riesgo no sólo ese gran esfuerzo, sino también la posibilidad de aspirar a ser un país desarrollado e inclusivo, por un mal diagnóstico y una mala implementación de las políticas públicas. Dijimos que, paradojalmente, este era supuestamente el gobierno más progresista desde el regreso a la democracia y que, sin embrago, estaba deteniendo el progreso de Chile. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón.
  3. Las reformas tributaria, laboral y educacional, no han cumplido la promesa de igualdad y se han visto entrampadas por la improvisación y la falta de acuerdos. La educación se encuentra estancada por la incertidumbre, tanto en el sistema escolar como en la educación superior. Aumenta la precariedad de los empleos. En salud, los hospitales que se pretendían hacer, se encuentran retrasados y terminarán construyéndose con menos camas y a mayores costos, al mismo tiempo que la deuda hospitalaria y las listas de espera de los pacientes del FONASA siguen creciendo. A ello se agregan los graves problemas de gestión del Registro Civil y el SENAME, que aumentan el descrédito de las instituciones públicas.
  4. ¡Qué decir de la desvalorización del crecimiento económico! Durante este gobierno, Chile crecerá menos que nunca antes en los últimos treinta años, en circunstancias que nuestro país necesita crecer para poder realizar los cambios sociales que son tan necesarios para conseguir oportunidades para todos los chilenos independiente de su lugar de nacimiento. La Nueva Mayoría ha promovido propuestas de cambio social que poseen el sello del “infantilismo revolucionario “, donde dominan más los eslóganes que la razón y la pasión por un Chile más justo; es la errónea percepción de que el Estado puede con todo y de la asignación de recursos según la presión de la calle. No se han cuidado los recursos públicos y, como consecuencia, quedará seriamente comprometido el equilibrio fiscal con la lamentable posibilidad de empeorar la clasificación de riesgo de Chile.
  5. Como consecuencia, la ciudadanía castigó fuertemente a la Nueva Mayoría y especialmente a la Democracia Cristiana en las elecciones municipales, con una gran abstención y una pérdida significativa de su votación. La gente nos está diciendo con fuerza y claridad que la Nueva Mayoría no tiene destino como alianza viable de gobierno después del 2017. Las encuestas de opinión demuestran inalterablemente lo mismo. Esta coalición gobernante, con todo respeto, ya no da para más. No tiene alma, no tiene proyecto común, no tiene credibilidad. ¿Cómo y por qué podría proyectarse? El peor escenario es el del continuismo acomodaticio. Ello sería la condena a muerte de nuestro partido y estaría marcado por el sello de la infidelidad a nuestra memoria y pasado histórico.
  6. Por eso creemos que llegó la hora de arriesgar y crear un nuevo escenario político, que invite a los chilenos y chilenas a realizar los cambios que Chile necesita para lograr esa patria para todos – desarrollada e inclusiva – con el esfuerzo de cada uno, con el apoyo del Estado para que las familias, las comunidades, las empresas y las regiones puedan llevar a cabo sus proyectos, con el sello de la libertad, la amistad cívica, la colaboración público-privada y el sentido común.
  7. La Democracia Cristiana tiene la oportunidad de representar a millones de chilenos que están decepcionados, que no se sienten apoyados en su esfuerzo, que tienen temor de retroceder y que les indignan los privilegios y los abusos; que no quieren ni un país confrontado ni reformas que no respondan a sus demandas. Para ello deberá hacer un planteamiento político de centro con identidad y fortaleza, lo cual significa defender nuestras convicciones. Ello implica mirar hacia el frente donde vemos asomar el horizonte de un futuro amable para nuestro país. Donde miran los que quieren progreso sin retroexcavadoras, reformas graduales y bien hechas; donde miran los que ven la Democracia como una forma de convivencia; los que defienden los Derechos Humanos en cualquier circunstancia; los que valoran el crecimiento económico, la gobernabilidad y la seguridad. Ello deberá traducirse en un programa, un candidato a la presidencia de la república a primera vuelta y una lista parlamentaria propia, capaz de recuperar el electorado que hemos perdido y seguimos perdiendo dentro de la Nueva Mayoría.
  8. Con todo, creemos que la Democracia Cristiana debe participar de una alianza de centro izquierda renovada, pero ello requiere previamente un camino para fortalecer nuestra identidad y que los chilenos no solo distingan nuestras propuestas, sino también nos distingan como un partido con convicciones que busca el bien común. Eso implica buscar los acuerdos después de contar los votos.
  9. Por último, señalamos que, sin perjuicio de mantener nuestra independencia, en el contexto de la actual elección de Directiva Nacional, llamamos a apoyar a la lista C encabezada por Carolina Goic, que ha levantado la voz para protestar, exigir autocritica y cambios al Gobierno y se ha comprometido con candidato propio a la presidencia de la república sin renegar de los logros alcanzados por nuestro país durante los gobiernos de la Concertación.

Declaración de PCP.

2 de agosto de 2017.

  1. Luego de largos años de políticas públicas bien diseñadas e implementadas, de avances graduales e incrementales y de una política de acuerdos con sentido de Estado y mirada de largo plazo, los chilenos hemos podido soñar con el logro de una patria justa, desarrollada e incluyente. Desde 1990, el país entró en una senda de Democracia, crecimiento y progreso social sin parangón en nuestra historia ni en la de Latinoamérica. Sin embargo, la Nueva Mayoría, con su espíritu refundacional, ha comprometido el logro de este sueño. Al abandonar el camino de la moderación y el acuerdo ha generado resultados adversos que muestran las consecuencias de sus políticas públicas. Tenemos la convicción que un nuevo gobierno de esta coalición puede dejar al país en el letargo y el estancamiento de la trampa de los ingresos medios. O incluso, iniciar un retroceso hacia la mediocridad y el deterioro de la convivencia democrática.
  2. Es indispensable que el país enmiende el rumbo y valoramos que la DC haya optado por llevar una candidata propia para proponerle un proyecto distinto a Chile. Sin embargo, en esta campaña no ha sido posible definir con claridad un proyecto histórico para el siglo XXI. Al contrario, la discusión ha estado dominada por disputas internas y negociaciones políticas alejadas de la gente. Hay buenas razones para iniciar un proyecto nuevo, abrazando una causa que busca contribuir a mejorar la vida de los chilenos y a representar el sentir y la moderación del centro político y de los sectores medios. Mientras exista una esperanza apoyaremos esa vía.
  3. Los partidos son instrumentos para servir al país y ese debe ser el concepto que guíe la conducta de sus líderes y militantes. ¡Qué alejada de estas prácticas fue la última Junta Nacional de la DC! Primó la defensa de algunos por mantener cuotas de poder afectando duramente la campaña de Carolina Goic y la coherencia respecto de los principios partidarios. Desde hace mucho tiempo, se ha perdido el espíritu fraternal y el rumbo político.
  4. No es posible por, un lado, defender la democracia y condenar a la dictadura de Maduro y, por otro, pactar con el MAS, el partido del chavismo en Chile; o retomar un acuerdo con el Partido Comunista, que justifica las acciones del dictador venezolano. No es posible promover legislaciones que protegen a la mujer y a las familias y, al mismo tiempo, incluir en la lista parlamentaria a alguien a quien se ha visto involucrado en un caso de violencia intrafamiliar. Toda esta incoherencia es inentendible para la opinión pública y debe ser prontamente corregida.
  5. Solidarizamos con Carolina Goic y le solicitamos que mantenga su campaña presidencial, confiando en que pueda superar estos obstáculos. Porque tenemos la convicción de que ella puede convocar a aquellos sectores que hoy no se sienten interpretados ni por la Nueva Mayoría ni por Chile Vamos.
  6. Reafirmamos nuestro compromiso con los ideales humanistas cristianos que nos inspiran y esperamos seguir aportando a la construcción de una sociedad democrática y pluralista, que progrese y se desarrolle con el aporte de todos y mejorando el bienestar de Chile.

Yo apoyo a Mariana Aylwin, Clemente Pérez, Álvaro Clarke, Guillermo Le Fort, Pedro García, Felipe Sandoval, Manuel Inostroza, Hugo Lavados y Eduardo Aninat.

Carta a miembros de la Directiva Nacional e integrantes del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana.

4 de enero de 2018.

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos esta carta solicitamos tanto a la Directiva Nacional como al Tribunal Supremo de nuestro partido que dejen sin efecto el proceso iniciado en contra de destacados camaradas como Mariana Aylwin, Pedro García, Hugo Lavados, Eduardo Aninat (quien renunció a la Democracia Cristiana), Álvaro Clarke, Felipe Sandoval, Clemente Pérez, Manuel Inostroza y Guillermo Le Fort, al ser declarada admisible una acusación de tres militantes que solicitan su expulsión.

Las razones de nuestra solicitud son las siguientes:

  • Resulta incomprensible ante la opinión pública la actitud de un partido que desea achicarse en vez de agrandarse, negando así el debate político y la discusión de la situación del partido y del país luego de las derrotas de la Nueva Mayoría y la Democracia Cristiana, expulsando a quienes han hecho planteamientos legítimos, haciendo uso de un derecho elemental como es la libertad de expresión.
  • Más incomprensible aún resulta que la propia directiva – mermada en su legitimidad puesto que han renunciado sus principales dirigentes – en vez de buscar apaciguar los ánimos, se haga parte de la acusación, tratando las diferencias de posiciones políticas como faltas disciplinarias dirimidas por los tribunales. Esta es una práctica propia de partido totalitario del siglo XX, completamente alejada de la tradición libertaria de la Democracia Cristiana.
  • Se trata de una acusación arbitraria. Basta leerla para comprobar que no hay un argumento para deducir que los camaradas acusados hayan infringido los estatutos, principios o decisiones del partido. Peor aún cuando existen camaradas que sí lo han hecho, como ocurrió en la primera vuelta presidencial con aquellos que no apoyaron a la abanderada del partido y expresaron públicamente su apoyo al contendor.
  • Nadie sale favorecido con esta decisión. Pero el mayor daño se lo infligirá – una vez más – a la propia Democracia Cristiana. En vez de mejorar su convivencia, empeorará; en vez de iniciar un diálogo sobre los resultados, seguirá acallando el debate trasparente; en vez de asumir responsabilidades, buscará culpables sin razones válidas. No nos cabe duda que, si estos destacados camaradas son expulsados, sancionados o renuncian a seguir en nuestro partido, la imagen del partido continuará deteriorándose.

Es la voz que hemos escuchado entre militantes y simpatizantes que esperan una reparación de este grave error político:

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